Ejes temáticos

• Terrorismo. El atentado del 11 de septiembre de 2001 representó un hito en el proceso de “globalización” del terrorismo islámico, un fenómeno que hoy en día se identifica como una de las amenazas para las sociedades europeas. Las nuevas formas de organización de las redes de terroristas, el aprovechamiento de las tecnologías como el internet o el fenómeno de los terroristas “solitarios” son aspectos de este delito que aún requieren una respuesta adecuada del derecho penal y la política criminal.
  
  
• Trata de personas y nuevas formas de esclavitud. El tráfico de personas no es un delito nuevo, pero la actividad ha crecido en el mundo contemporáneo, hasta consolidarse como uno de los negocios criminales más rentables. México es caracterizado como un país de origen, tránsito y destino de las víctimas de trata, lo que pone a la nación en una situación comprometida en materia de prevención y combate a este grave delito, que atenta directamente contra el bien jurídico de la dignidad de las personas. Para el Congreso se privilegiarán los análisis sobre el escenario criminológico actual y los resultados del marco institucional y legal.
  
  
• Tráfico de drogas. Hablar de narcotráfico hoy en día debe ser hablar de reforma al marco de los convenios internacionales que fundamentan las políticas de criminalización e incluso hablar de propuestas de legalización. Desde hace ya varios años, voces autorizadas han expresado abiertamente el fracaso de la guerra contra las drogas, un fracaso que en México ha dejado un saldo de miles de muertes y violencia generalizada cuyas secuelas tardarán años en ser superadas. El intercambio internacional de experiencias sobre este tema es fundamental, para lograr que en México el problema de las drogas deje de ser una cuestión de seguridad nacional, y se asuma como tema de sanidad pública. Para el Congreso se privilegiarán estas visiones que propongan ir más allá del discurso tradicional de combate a las drogas.
  
  
• Corrupción. La corrupción política ha sido un cáncer común de las sociedades iberoamericanas. Su extensión es preocupante, sus efectos perniciosos son ampliamente conocidos y su persecución y sanción efectiva aparecen como uno de los grandes retos para las instituciones actuales. Las reformas legales y ajustes institucionales para combatirla son constantes, pero la efectividad de esas medidas suele ser nula. Para el Congreso se privilegiarán las reflexiones profundas sobre cómo conseguir que esos esfuerzos se vean reflejados realmente en el combate a la corrupción, configurada actualmente como una auténtica empresa criminal.